El Poder Ciudadano de Venezuela declara improcedente el procedimiento contra los magistrados del Supremo

El Poder Ciudadano de Venezuela declara improcedente el procedimiento
contra los magistrados del Supremo
Varios heridos y choques con la policía en una nueva marcha opositora
Caracas | Abril 07, 2017

(EFE).- El Poder Ciudadano de Venezuela ha considerado improcedente una
solicitud de la oposición que pedía que calificara como falta la
decisión de los magistrados del Supremo de asumir las funciones del
Parlamento.

La Constitución venezolana estipula que para que el Parlamento pueda
iniciar el proceso de destitución de los magistrados del Supremo, el
Poder Ciudadano, previamente, debe considerar que los jueces han
cometido una falta grave. El Poder Ciudadano es una institución
integrada por la Fiscalía, la Contraloría y el Defensor del Pueblo.

En declaraciones a la televisión estatal, el defensor del Pueblo
venezolano, Tarek William Saab, quien ocupa ahora la presidencia del
Poder Ciudadano, informó de esta decisión, que se apoya en que las
sentencias que privaban de sus funciones al Parlamento "ya fueron de
oficio aclaradas" posteriormente el máximo tribunal.

El Consejo Moral Republicano, instancia del Poder Ciudadano, "acordó
declarar la improcedencia de la referida solicitud" por considerar que
es "inoficioso emitir pronunciamiento sobre las presuntas faltas
incurridas por los magistrados de la Sala Constitucional", dijo Saab.

Con ello se refirió a los siete magistrados que dictaron dos fallos que,
entre otras decisiones, contenían medidas que otorgaban al Supremo la
facultades del Legislativo mientras este persistiera en desacato. Esa
decisión fue interpretada por la oposición y por la propia Fiscalía
General de Venezuela como una "ruptura del orden constitucional".

El Parlamento acordó el miércoles abrir un procedimiento para destituir
a esos magistrados a pesar de que el propio Poder Judicial suprimió
partes de las sentencias y revocó esas medidas tres días después.

El pronunciamiento de Saab responde a una petición de un grupo de
ciudadanos "en relación a la eventual calificación de la falta en la que
presuntamente podrían encontrarse incursos esos magistrados", explicó el
defensor. La calificación de esa falta era un elemento indispensable
para que los opositores en el Parlamento pudieran avanzar en el proceso
para intentar remover a los magistrados que tomaron la decisión.

En paralelo, la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
comenzó también a recoger firmas para solicitar al Poder Ciudadano que
avale el proceso contra los magistrados.

Mientras tanto, en las calles de Venezuela tuvo lugar una nueva
manifestación de opositores que concluyó con varios daños materiales y
casi una veintena de heridos, tras los enfrentamientos con los cuerpos
de seguridad, que una vez más bloquearon la manifestación.

La actividad que pretendía ser solo una concentración, improvisó después
llegar hasta la Defensoría del Pueblo para pedir la actuación de Tarek
William Saab, para pedir su respaldo al proceso contra los siete
magistrados del Supremo.

La marcha, que concentró a miles de opositores en una de las principales
vías de la capital venezolana, fue dispersada por las fuerzas de
seguridad cuando intentaba cruzar el límite del municipio Libertador,
asiento de los poderes públicos venezolanos y gobernado por el chavismo.

Según constató Efe, la PNB usó bombas lacrimógenas y agua en la
autopista Francisco Fajardo, la principal arteria vial de Caracas, para
intentar contener esta manifestación, que procedía desde el este de la
capital venezolana. El vicepresidente venezolano, Tareck el Aissami,
informó de varios daños a instalaciones públicas y privadas causados por
los opositores durante la manifestación.

El alcalde del municipio Chacao de Caracas, el opositor Ramón Muchacho,
informó de que de la manifestación dejó al menos 19 personas heridas, la
mayoría de ellas por politraumatismos, por perdigones de goma o por
asfixia por gases lacrimógenos.

La protesta opositora fue replicada en otras ocho ciudades del país,
según la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), sin que
se conozca hasta el momento un balance de los incidentes registrados en
el interior de la nación.

Por su parte, los chavistas marcharon también por miles hacia la sede
del Parlamento en rechazo al procedimiento en contra de los jueces que
dirigen la Sala Constitucional del máximo tribunal, que califican de
"golpe parlamentario" por parte de la Cámara.

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (PSUV), Diosdado
Cabello, aseguró frente a centenares de partidarios que "ni con sangre"
la oposición logrará un cambio en el país, en referencia a las
manifestaciones de estos para respaldar el proceso contra los
magistrados por el fallo que dejaba sin facultades a la Cámara, y que
fue anulada poco después.

El legislador, considerado como uno de los hombre más importantes del
Gobierno, afirmó que "la derecha" está llamando a la violencia, y
resaltó que "el pueblo chavista no se va a mover de las calles hasta
tanto (...) haya paz". Asimismo, les pidió estar listos para pasar a "la
alerta combativa cuando la derecha pase la raya y crea que va a darle un
golpe de Estado a Nicolás Maduro".

En la misma actividad, el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz,
aseveró que el chavismo está "resteado" (dispuesto a todo) ante
cualquier problema que pueda surgir en el país, al tiempo que señaló que
están dispuestos a "defender" la república "con las sangres y en las
calles si es necesario".

Otro de los discursos de la manifestación oficialista fue el del
dirigente Freddy Bernal que respaldó la idea de Isturiz, pero que además
indicó que el chavismo está apegado a la Constitución, pero "si llegara
el momento de que cada hombre de este país y cada mujer tuviera que
agarrar un Kaláshnikov para defender la patria de Bolívar, estoy seguro
que estaríamos dispuestos".

Entretanto, el chavismo volvió a poner en la mesa supuestas pruebas de
un plan violento de los opositores para tomar el Gobierno por la fuerza.

Cabello alertó en televisión nacional sobre "acciones de un golpe de
Estado" de la oposición venezolana en contra de Maduro, en complicidad,
según mostró, de funcionarios militares, varios de ellos presuntamente
detenidos en los últimos días.

Varias grabaciones difundidas por Cabello como pruebas de esos planes
contienen conversaciones entre un supuesto agente encubierto que, dijo,
penetró "las células de la ultraderecha" y "detectó" a uno de los
responsables de esa presunta conspiración, que se llevaría a cabo "a
finales del mes de marzo".

Uno de esos supuestos responsables, el dirigente del partido
socialcristiano Copei Roberto Enríquez, fue acogido desde ayer en
"calidad de huésped" en la residencia del embajador chileno en Caracas y
evalúa con sus abogados las acciones a seguir, según informó esa
formación opositora.

Para este sábado hay una nueva marcha convocada desde la oposición.

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