El gobierno venezolano usa a los presos políticos en negociaciones diplomáticas

El gobierno venezolano usa a los presos políticos en negociaciones
diplomáticas

Francisco Márquez y Gabriel San Miguel, funcionarios públicos de la
alcaldía de El Hatillo detenidos el 19 de junio, son la nueva ficha del
gobierno venezolano
Se les acusó de instigación a la violencia y legitimación de capitales,
delitos que se castigan con más de 15 años de cárcel
Como Márquez y San Miguel tienen doble nacionalidad, el gobierno
venezolano tiene mejores cartas en la mano
DANIEL LANSBERG-RODRÍGUEZ

WASHINGTON
Los arrestos políticos son una extraña industria que está en auge en
Venezuela. Cuando Nicolás Maduro llegó a la presidencia después de la
muerte de Hugo Chávez en 2013, había una docena de presos de conciencia,
según el Foro Penal, una organización no gubernamental.

Hoy, la cantidad se acerca a los 100, y unas 2,000 personas están
sujetas a procesos judiciales por motivos políticos.

Los detenidos más recientes del gobierno son Francisco Márquez y Gabriel
San Miguel, dos funcionarios públicos de la alcaldía de El Hatillo que
fueron arrestados sumariamente en un puesto de control al norte de
Venezuela, el 19 de junio.

Ambos viajaban junto a cientos de activistas para ayudar a recolectar
las firmas para el referendo que busca destituir al presidente Maduro.

El proceso revocatorio, como se conoce a este tipo de referendo, está
consagrado explícitamente en la Constitución de Venezuela. El secretario
general de la Organización de Estados Americanos, el arzobispo de
Caracas, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado que
el arresto de Márquez y San Miguel se debe a motivos políticos y viola
las leyes venezolanas y los tratados internacionales.

Una vez en custodia los funcionarios estuvieron incomunicados y la
temida policía secreta de Venezuela, entrenada en Cuba, los interrogó
sin la presencia de un abogado.

Se les acusó de instigación a la violencia y legitimación de capitales,
delitos que se castigan con más de 15 años de cárcel. En vez de
mantenerlos en detención preventiva mientras esperan el juicio, se les
envió a una de las cárceles más peligrosas del país, entre delincuentes
que ya han sido sentenciados.

El proceso de toma de decisiones del gobierno venezolano es conocido por
su opacidad y no se puede decir con certeza si estos arrestos fueron
deliberados o fortuitos. No obstante, el hecho de que sucedieran en
medio de importantes negociaciones políticas parece un episodio fortuito
para el gobierno de Maduro que se ha refinado en las artes de usar y
sacarle provecho a los prisioneros políticos.

Las conversaciones bilaterales con el propósito de descongelar las
relaciones entre Venezuela y Estados Unidos arrancaron en junio. El
expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, funge como
mediador entre el gobierno venezolano y la oposición política en
negociaciones patrocinadas por Unasur.

Ahora Maduro tiene un par de prisioneros políticos especiales que puede
usar para algún intercambio diplomático: Márquez tiene las
nacionalidades estadounidense y venezolana; San Miguel es ciudadano
español y venezolano.

Chávez era conocido por chantajear o perseguir a quienes se oponían
públicamente a su gobierno. Sin embargo, en su mandato esas acciones se
reservaban principalmente para los infiltrados que habían traicionado a
la revolución, como Francisco Usón, un general que criticó a Chávez en
televisión, o María Lourdes Afiuni, una jueza que exoneró a un enemigo
de Chávez que estaba acusado de evadir el control de cambio monetario.

El entendimiento que tiene Maduro de la revolución socialista es más de
mano dura y paranoica por lo que los arrestos políticos ya no solo son
un mecanismo de disciplina partidista; se han convertido en una
herramienta táctica para controlar la conversación nacional.

Por medio de fiscales, jueces dóciles y con la ayuda de la policía
secreta, el gobierno de Maduro ha usado las detenciones para alimentar
las narrativas conspiratorias sobre el posible derrocamiento del
presidente, sembrar discordia entre fracciones políticas opositoras y,
más recientemente, como elementos de negociación.

En 2014, después de que estallaron los disturbios y las protestas
políticas ante la creciente delincuencia, la inflación y la escasez de
alimentos, el líder opositor Leopoldo López fue arrestado y juzgado por
instigación pública.

López había encabezado las protestas en un esfuerzo por canalizar la
frustración socioeconómica hacia un movimiento organizado de resistencia
pacífica.

No obstante, a principios del año pasado, el gobierno venezolano negoció
la liberación de López a cambio de Oscar López Rivera, un activista
puertorriqueño de izquierda sentenciado por un tribunal estadounidense
en 1981 por ser el actor intelectual de más de 100 bombardeos contra
blancos civiles en importantes ciudades estadounidenses.

Estados Unidos puso reparos. Sin embargo, otras negociaciones han sido
exitosas. En junio de 2015, después de una serie de reuniones entre el
subsecretario de relaciones exteriores de Estados Unidos Thomas Shannon
y funcionarios venezolanos de alto nivel, se liberó a dos estudiantes
venezolanos que habían participado en protestas.

A cambio de eso, un funcionario de alto rango que es investigado por
tráfico de drogas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos
logró ser fotografiado con Shannon, y se dice que el Departamento de
Estado convenció a los líderes de la oposición venezolana para que
levantaran su huelga de hambre.

En esta ocasión, como Márquez y San Miguel tienen doble nacionalidad, el
gobierno venezolano tiene mejores cartas en la mano. Podría jugar con
ellas para lograr, por ejemplo, que Estados Unidos levante algunas
sanciones o libere a los dos familiares de la primera dama venezolana
que actualmente están detenidos en Estados Unidos por delitos de
narcotráfico.

Iniciar negociaciones diplomáticas complejas también le permitiría al
gobierno de Maduro postergar el referendo revocatorio.

"Esperamos que el gobierno de Venezuela le otorgue a todo ciudadano
estadounidense la totalidad de sus derechos al debido proceso conforme a
las leyes internacionales y venezolanas", dice un comunicado del
Departamento de Estado.

Sin embargo, Venezuela no reconoce la doble nacionalidad en el caso de
personas mayores de 25 años. Además, Venezuela se clasificó en el último
lugar de los 102 países analizados en el Índice del Estado de Derecho
2015 realizado por el World Justice Project.

Tampoco es probable que mejore su posición porque cuando el gobierno
venezolano intercambia prisioneros políticos para su beneficio, en
efecto, los está convirtiendo en rehenes.

Daniel Lansberg-Rodríguez es columnista del diario venezolano El
Nacional y profesor adjunto en la Facultad de Administración Kellogg de
la Universidad Northwestern.

Source: El gobierno venezolano usa a los presos políticos en
negociaciones diplomáticas | El Nuevo Herald -
http://www.elnuevoherald.com/opinion-es/opin-col-blogs/opinion-sobre-venezuela/article90361082.html