Collor de Mello, CAP y MUD

Collor de Mello, CAP y MUD
Los venezolanos se encuentran en un momento crítico para evitar que la
democracia desaparezca
Jueves, julio 28, 2016 | Baldomero Vasquez Soto

CARACAS, Venezuela.- Dirigentes y partidos políticos venezolanos se
encuentran, a nuestro juicio, en su mejor momento para evitar que la
democracia desaparezca desde que Hugo Chávez dio el golpe militar para
derrocarla el 4 de febrero de 1992.

Para dar sustento a nuestra afirmación, vamos a analizar dos
acontecimientos políticos del pasado en la región. Lo haremos desde la
perspectiva de los estudiosos que explican los hechos históricos dando
"primacía a la acción humana", al papel de los "actores políticos", a la
"autonomía de la política" (véase: Aron, R.: "Lecciones sobre Historia".
Cursos del Collège de France, 1973, Cap XVIII: "Los Actores.
Responsabilidad, culpabilidad, intención". FCE, 1996).

Se trata de la destitución legal ocurrida en Latinoamérica de dos
importantes actores políticos: el expresidente Fernando Collor de Mello,
destituido en Brasil el 29 de septiembre de 1992, y el expresidente
Carlos Andrés Pérez (CAP), depuesto en Venezuela el 21 de mayo de 1993.

Fernando Collor de Mello (1990-1992), primer presidente electo por voto
popular destituido legalmente

En 1985, de la mano de los militares, la democracia volvió a Brasil
después de dos décadas de dictadura. Pero no sería hasta diciembre de
1989 que se designaría presidente por elección popular al economista
Fernando Collor de Mello, hecho que no sucedía desde 1960. Collor basó
su exitosa campaña en un discurso "antipolítica", "antipartido" y
"anticorrupción". El instrumento político con el que se postuló para la
campaña fue un partido nuevo, como eran casi todos, llamado Partido de
Reconstrucción Nacional (PRN), que había nacido nueve meses antes, el 2
de febrero.

Collor ganó con 53% en segunda vuelta, donde derrotó a Lula da Silva,
que alcanzó 47%. Su liderazgo personal era su capital político y el
único escudo que tenía para enfrentar la caótica situación, pues no
contaba con "poder partidario": el PRN en el Congreso sólo había
obtenido 31 de los 495 diputados y 3 de los 81 senadores. Como sabemos,
asumió el gobierno en medio de una grave crisis económica, política y
social, reflejada en una hiperinflación de 1 973% en 1989, la cual fue
un factor que al comienzo de su gobierno jugó a su favor porque dio pie
para que la población, buscando salida a aquella situación desesperada,
avalase su Plan de Estabilización Económica (llamado Plan Collor).

Collor tenía muy claro su objetivo: implementar un Plan de
Estabilización para llevar al país a la modernización. Adelantándonos,
diremos que en la inflexibilidad de su objetivo estuvo el factor clave
para explicar el fatal desenlace político de nuestro actor: su
destitución como presidente.

Es muy importante destacar que dicho plan fue implementado sin que
existiese ningún acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las
medidas de Collor se orientaron por la línea liberal en economía que
había caracterizado su concepción política: equilibrios macroeconómicos
para controlar la inflación, apertura comercial, liberalización
financiera, privatizaciones de empresas estatales, etc.

Precisamente, las privatizaciones fueron las que desde el inicio de su
mandato lo llevaron a enfrentarse encarnizadamente con el Congreso que
las consideraba una ruta a la desnacionalización del país y una entrega
de la soberanía nacional. Collor en esa batalla se apoyó en su relación
directa líder-masas a través de los medios de comunicación que ya le
había dado excelentes resultados en la campaña electoral. Sostenía que
había sido elegido por el pueblo y por lo tanto no tenía por qué
consultar a los partidos con representación en el Congreso sus
decisiones ni su política económica. Descartó negociar con un Parlamento
fragmentado y gobernó por decreto, para lo cual lo facultaba el artículo
62 de la Constitución brasileña de 1988. En los primeros dos meses lanzó
37 decretos (llamados "medidas provisorias") y a través de ellos sentó
las bases de su Plan de Estabilización.

Collor se percató tarde que la guillotina jurídica (el Impeachment,
establecido en el artículo 85 y 86 de la Constitución) para destituirlo
estaba en manos del Congreso. Estaría a salvo de ella mientras
mantuviese altos índices de popularidad; pero bastó con que la crisis
erosionara su capital político para que su futuro quedara sellado, pues
ya no tendría posibilidad de rehacer las maltrechas relaciones con el
poder legislativo para restituir la gobernabilidad del país bajo su
mando. Su equipo económico —sin experiencia política, ni experiencia de
gobierno, ni de manejo de opinión pública— era un actor ciego ante las
vicisitudes político-partidistas, y en poco o nada pudo ayudarlo a
anticipar el grave peligro que corría su presidencia y a dar un giro en
su manera de relacionarse con los partidos cuando aquél se materializó.

Así, al repuntar la inflación a 1 200% en 1992 —después de haber bajado
a 472% en 1991— y aparecer con fuerza un novedoso hecho negativo en las
portadas de los medios —las denuncias de casos de corrupción— la
popularidad de Collor se desplomó (de 70% bajó a 9%). El Plan perdió
sustentabilidad política y las manifestaciones volvieron a las calles,
pero ahora éstas eran para protestar en contra del gobierno; a la cabeza
de ellas estaba su adversario Lula, potenciado como actor político, con
un objetivo claro: provocar la renuncia del presidente. El 29 de
septiembre de 1992, el Congreso daría curso al Impeachment contra
Collor. Fue apartado por tres meses de la presidencia de una manera
humillante (441 votos en contra y 38 a favor), sustituyéndolo su
Vicepresidente, Itamar Franco, en el cargo. Aunque el 29 de diciembre
envió su renuncia al Congreso, éste no la consideró y lo expulsó del
poder definitivamente. Collor se convirtió así, en el primer presidente
electo por voto popular que fue destituido legalmente.

Terminamos estas consideraciones sobre Collor y planteando una pregunta
obvia: ¿por qué con una crisis tan severa, el sistema político de Brasil
no corrió riesgo de golpe militar? Porque no era viable, pues el país
acababa de salir de la dictadura y como los malos recuerdos
dictatoriales estaban muy frescos, nadie creía que la solución a la
crisis fuese recaer en otra dictadura.

Carlos Andrés Pérez (1989-1993), segundo Presidente electo por voto
popular destituido legalmente

A primera vista puede parecer que tomamos un camino expositivo
equivocado al considerar y extendernos primero en el proceso de
destitución de Collor de Mello y no en el de CAP, ya que éste vivió en
1989 varias situaciones similares a las de Collor en 1990. Pero es que
lo que nos interesa remarcar es el hecho de que el fracaso político de
nuestros actores-presidentes quedó consumado con su destitución y Collor
salió del poder antes que CAP, quien con esa ventaja temporal pudo ver y
evaluar el fin de Collor como actor político, más no fue el caso.

CAP era un veterano líder del principal partido histórico de Venezuela
(AD) que ya había sido presidente. De entrada apuntemos que este actor
tenía claro su objetivo: ser de nuevo presidente en diciembre de 1998.
Para serlo debía lograr la candidatura presidencial de AD, la cual
alcanzó pero enfrentando la estructura del partido en un proceso
electoral interno. En dicho proceso cultivó más una imagen de líder de
masas que de candidato partidista. Ya ganadas las elecciones
presidenciales con una votación de 53%, CAP tomó un camino político
semejante al de Collor. A inicios de febrero de 1989 nombró su equipo de
gobierno y a mediados lanzó su Plan de Ajustes (equilibrios
macroeconómicos, liberación comercial y… privatizaciones) acordado con
el FMI. Ambos hechos abrieron una fisura en la relación con su partido.
CAP, ahora presidente, tenía claro su nuevo objetivo: modernizar el país
a través del Gran Viraje. Pero todo indicaba que CAP había decidido
gobernar prescindiendo de su partido, o sea, no pensaba consultarle las
medidas que implementaba; lo cual iba a menoscabar su "poder
partidario" que era significativo (AD había logrado 97 de 201 diputados
y 22 de 46 senadores).

En ese contexto, de baja sintonía entre presidente y partido de
gobierno, a las dos semanas ocurrió la explosión social que pasó a la
historia como "el Caracazo": saqueos, represión, muchas muertes, etc.,
que marcaron la segunda presidencia de CAP (el detonante de la explosión
fue el aumento del precio de la gasolina, el cual a partir de entonces
pasó a estar determinado por criterios políticos y no de racionalidad
económica). No importa que CAP y su equipo económico consideraran que
aquella reacción no era contra las medidas económicas, contra "el
paquete"; el asunto que es de la mayor relevancia es que su consecuencia
inmediata fue que el capital político de nuestro actor sufrió un daño
irreparable. Con la ventaja que da la visión retrospectiva, podemos
afirmar sin duda que él y su equipo subestimaron aquella pérdida de
popularidad.

La nueva situación creada post-Caracazo llevó al resquebrajamiento de la
relación del gobierno con el partido COPEI, el otro pilar del sistema
bipartidista democrático, que desde aquel momento haría oposición
frontal y exigiría rectificación o abandono del Paquete. Además, a la
cabeza de esa oposición se pondría un político como Rafael Caldera, que
había sido creador de COPEI, líder fundador de la democracia junto a
Betancourt y expresidente. Un actor de una potencia que fue suicida
subestimar y quien también tenía claro su objetivo: convertirse de nuevo
en presidente de la república en diciembre de 1993 a cualquier costo.

Después de "el Caracazo" se acentuó el proceso de debilitamiento del
liderazgo de CAP debido a la disputa feroz por el control de AD entre
perecistas y lusinchistas; al ataque continuo contra "el paquete" de una
oposición unida (COPEI y partidos de izquierda); a las derrotas de AD en
las elecciones regionales, adjudicadas al paquete; a las denuncias de
corrupción y a los golpes militares de 1992, lamentablemente legitimados
desde la oposición (Caldera, Úslar, etc). El debilitamiento de su
liderazgo facilitó el calvario legal —vía Fiscalía, Corte Suprema de
Justicia y Congreso— al que CAP fue sometido y que culminó con su salida
del poder en mayo de 1993.

El enfoque al que nos afiliamos sostiene que las cosas no estaban
determinadas a ocurrir así, ni para Collor ni para CAP (aunque para sus
ministros de economía, Zélia Cardoso de Mello y Miguel Rodríguez,
necesariamente las cosas sólo podían ocurrir como ocurrieron). Ambos
actores siempre tuvieron un margen de libertad, muy reducido al final,
para cambiar su futuro, pero para ello tenían que haber cambiado a
tiempo su objetivo de modernización económica, cuando se hizo inviable,
por otro —por ejemplo: finalizar su mandato (Collor), salvar a futuro la
democracia a cualquier costo personal (CAP).

Demás está decir que el fracaso político de nuestros actores, arrastró a
los Planes de Ajuste (llamados neoliberales), en particular a las
privatizaciones, a un desprestigio político mayúsculo y de largo alcance
en la opinión pública de Venezuela y América Latina.

MUD

Ahora podemos volver a nuestra afirmación inicial sobre el futuro de la
democracia venezolana. Éste puede ser el de su definitivo
derrumbamiento. Lo que queremos destacar es que, para evitarlo hoy se
cuenta con una ventaja importante y es que en el liderazgo democrático
predomina la "política", y no la "antipolítica; la mejor expresión de
ello es que la agrupación que es la MUD está integrada por partidos
políticos: tres de proyección nacional (PJ, AD, VP) y otros regionales.
En sus líderes (Ramos Allup, Capriles, Leopoldo y demás) recae una
responsabilidad histórica: trazar en conjunto la estrategia que impida
el naufragio definitivo de nuestra democracia, lo que significaría la
pérdida del futuro de las nuevas generaciones de venezolanos.

Finalizamos señalando que las experiencias relatadas pueden ser de
utilidad para los actores políticos de la MUD en su tarea de diseñar esa
estrategia y prefigurar un Plan de Recuperación de nuestra destruida
Venezuela. Ellas permitirán reflexionar sobre líneas de acción de
gobierno que el realismo político ha llevado hoy a descartar. Así lo
demuestran dos experiencias políticas actuales con respecto al tema de
las privatizaciones en América Latina: la del presidente Mauricio Macri
en Argentina y la del mandatario interino de Brasil, Michel Temer. El
primero afirmó en 2012 que en caso de ser electo presidente en 2015 "No
privatizaré Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF)", con lo cual sacó
de tajo de la campaña electoral la acusación de neoliberal que le
endilgaban. Más recientemente, el presidente de Petróleo Brasileiro S.A.
(PETROBRAS), Pedro Parente, nombrado por Temer, descartó privatizar la
estatal petrolera porque: "La sociedad brasileña ni siquiera está madura
para discutir la posibilidad de privatizar PETROBRAS".

Con el mismo criterio realista la MUD debe abordar el tema de la
privatización de PDVSA, sugerida tantas veces. La política de
privatización, aunque pueda estar técnicamente bien sustentada desde la
ciencia económica, requiere prioritariamente para su viabilidad del
fundamento que le otorga el consenso social expresado democráticamente.

Source: Collor de Mello, CAP y MUD | Cubanet -
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