Human Rights Watch
Miércoles, 28 de septiembre de 2011
La OEA debe responder al rechazo de Chávez frente a obligaciones de
derechos humanos
Venezuela está obligada jurídicamente a dar cumplimiento a una sentencia
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la cual ordena al país
respetar los derechos políticos de un líder de la oposición que fue
inhabilitado para postularse a cualquier cargo público, señaló hoy Human
Rights Watch. El Secretario General de la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y líderes de los Estados miembros deberían insistir en
que el gobierno del Presidente Hugo Chávez reconozca y cumpla esta
obligación.
En una decisión dada a conocer el último viernes, la Corte
Interamericana resolvió que Venezuela debe permitir al prominente líder
de la oposición Leopoldo López postularse en las elecciones. López es ex
alcalde de uno de los municipios de Caracas y en 2008 fue inhabilitado
por la Contraloría General de la República para ejercer cualquier cargo
de elección popular debido a denuncias de corrupción por las cuales
nunca fue formalmente acusado, juzgado ni condenado.
Según versiones de la prensa, el Presidente Chávez respondió a la
noticia de la sentencia desacreditando a la Corte Interamericana como
parte de un sistema que "protege... a los corruptos...y obedece al
mandato del poder imperial y de la burguesía". "¿Qué valor puede tener
esa corte? Para mi no vale nada", dijo el presidente.
"Tal vez la Corte no tenga valor para el presidente Chávez, pero sus
sentencias son jurídicamente vinculantes para Venezuela y continúa
siendo la máxima autoridad regional en materia de derechos humanos en
todos los demás países de América del Sur", afirmó José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch. "El rol de la Corte
es especialmente vital en un país como Venezuela donde, bajo el gobierno
de Chávez, el poder judicial ha abandonado su función de contralor
frente a abusos gubernamentales".
Human Rights Watch documentó la falta de independencia judicial en
Venezuela en el informe de 2008 denominado "Una Década de Chávez", que
describe el copamiento político del Tribunal Supremo llevado a cabo por
Chávez y sus partidarios en la Asamblea Nacional en 2004. Este
copamiento consiguió neutralizar al poder judicial como poder
independiente del gobierno.
Desde entonces, el Tribunal no ha cumplido con su rol de garante de los
derechos fundamentales.
Venezuela es parte en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
está sujeta a la jurisdicción de la Corte Interamericana, la cual es
responsable de interpretar y aplicar las disposiciones de la Convención.
"Es clave que el Secretario General de la OEA y los Estados miembros
respondan a las declaraciones del Presidente Chávez en las cuales niega
la autoridad de la Corte", señaló Vivanco. "Si, por el contrario, no se
pronuncian al respecto, restarán credibilidad a su propio compromiso con
los valores centrales de la organización regional y los mecanismos
necesarios para aplicarlos".
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