Terrorismo de Estado
Rocío San Miguel asegura que los ataques cibernéticos a personalidades
causan daño al movimiento de los Derechos Humanos. La directora de
Control Ciudadano asegura que el Gobierno tiene cómo impedir la
usurpación de cuentas, pero no hace nada.
La directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, introdujo
ayer en la Fiscalía un documento para exigir que se investigue quiénes
son los responsables de que ocho de sus correos electrónicos personales
fueran usurpados el pasado martes.
"Esperamos que la investigación sea procesada por el fiscal 30 con
competencia nacional, ya que tenemos información de que fue designado
para esto, y que cesen las amenazas en mi contra", expresó, tras
recordar que Naciones Unidas obliga al Estado venezolano a dar
protección especial al trabajo de Derechos Humanos.
San Miguel destacó que la semana pasada el viceministro de Interior y
Justicia, Edwin Rojas, hizo acusaciones "muy graves" en su contra e
imputaciones públicas de delito, a través del diario Últimas Noticias.
"A los pocos días, pidió a la jefa de redacción de ese periódico todos
mis datos con el fin de convocarme a una reunión, pero eso nunca pasó.
¡Qué casualidad que ahora hayan comenzado todos los ataques a mis
cuentas y todo este método feroz que equivale a terrorismo de Estado",
sostuvo.
A su juicio, el Gobierno "tiene los medios tecnológicos y los elementos
humanos para impedir que esto siga ocurriendo. El fin es hacer daño y
hacerle ver a la colectividad de lo que es capaz de hacérsele al resto.
Esto causa un profundo daño al movimiento de DDHH y a todos los que en
una sociedad democrática son críticos: periodistas y políticos".
AMENAZAS DE MUERTE
San Miguel relató que después de haber culminado una jornada de trabajo
en el estado Táchira, donde recibió denuncias acerca de la actuación de
los cuerpos de seguridad, fue notificada a las 10:00 pm del martes de
que había sido usurpada su cuenta de Twitter.
"La mañana siguiente mi cuenta de Gmail fue cerrada por la empresa
Google por tráfico y actividad inusual. Intenté llenar una planilla de
recuperación anoche, pero los hackers habían intervenido la plataforma.
Aparecía un insulto en mi contra. Desde entonces he recibido amenazas de
muerte y de todo tipo, además de la publicación de aproximadamente 20
fotos personales mías", añadió.
Sin embargo, la activista de derechos humanos asegura que no tiene miedo
y que sigue teniendo la "voluntad indeclinable de seguir en Venezuela
haciendo la labor al frente de Control Ciudadano".
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