Revolución y desigualdad
Aunque los indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso de
2003 a 2010 expresan una leve mejoría con respecto a toda la década
anterior, se trata de logros débiles, si se comparan con la radicalidad
del discurso igualitarista, la cantidad de medidas adoptadas desde el Estado
JUAN CARLOS APITZ
A partir de 1999 una nueva elite asumió el control de la mayoría de las
instituciones del Estado venezolano. Desde ahí, con apoyo de una parte
importante de la población, que la ha acompañado en sucesivas
elecciones, viene intentando construir una hegemonía alternativa a la
que existió en los cuarenta años anteriores, en medio de grandes
tensiones y conflictos.
Pese a que el contenido del discurso político de la nueva elite ha
venido variando desde 1999, este tiene una constante: su vehemente
invocación al igualitarismo. En efecto, la idea de igualdad, que
comparten la pasada "democracia participativa" y el presente "socialismo
del siglo XXI", presupone no sólo la igualdad de todas las personas ante
la ley y la igualdad de oportunidades para competir por bienes y
servicios, sino también la igualdad sustancial, tanto de los bienes
materiales (igualdad socioeconómica) como de la posibilidad de la
participación en la definición de los asuntos públicos (igualdad
política) y de la valoración de los diversos estatus sociales (igualdad
cultural).
Ciertamente, el marco constitucional y las políticas públicas impulsadas
en esta década, permiten comprobar una voluntad política favorable a los
sectores populares y otros sectores discriminados y hacia una visión de
igualdad sustancial, expresada en una reivindicación del rol del Estado
para la corrección de inequidades, el aumento del gasto social, creación
de estructuras extraordinarias para garantizar con más agilidad el
acceso a los derechos sociales, aumento en la recaudación de impuestos
progresivos y reducción en la alícuota del IVA, ampliación de las
condiciones de participación de los sectores populares, capacitación
técnico-productiva de los sectores populares y estímulo a su
autorganización para la producción cooperativa y autogestionaria,
valoración social simbólica de los sectores populares, de las negritudes
y pueblos indígenas desde ámbitos de poder estatal y comunicacionales,
entre otros.
Pese a ese comportamiento estatal, como lo ha reconocido el presidente
Chávez varias veces, los avances en materia de igualdad socioeconómica
son mínimos e, incluso, en algunos momentos, se han producido claros
retrocesos.
Aunque los indicadores de desigualdad en la distribución del ingreso de
2003 a 2010 expresan una leve mejoría con respecto a toda la década
anterior, se trata de logros débiles, si se comparan con la radicalidad
del discurso igualitarista, la cantidad de medidas adoptadas desde el
Estado y la pretensión revolucionaria de modificar la estructura social.
Concretamente, los avances en la construcción de la igualdad exige la
construcción de una economía productiva, que supere el rentismo y amplíe
las posibilidades de inclusión socioproductiva y las redes de seguridad
y protección social. Eso sí, colocando el acento en la economía social,
y democratizando los medios de producción.
Aunque ello obliga a evaluar seriamente los pésimos resultados obtenidos
hasta ahora en materia de economía social, e identificar y eliminar la
creación de elites económico-políticas que obstaculizan la labor
reivindicativa. En resumen, si sigue como va esta elite será apenas
recordada como la revolución de la desigualdad.
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