Regulación galopante
Empresas públicas y privadas estarán obligadas a inscribirse en la
Superintendencia Nacional de Costos y Precios Justos. El proceso de
registro comenzará entre noviembre y diciembre de este año. El organismo
buscará establecer "el precio real" de bienes y servicios
Las empresas públicas y privadas, así como de las personas naturales que
se dediquen a la venta de productos y/o prestación de servicios, deberán
registrarse de manera obligatoria en la Superintendencia Nacional de
Costos y Precios Justos.
Así lo informó este viernes la superintendente Nacional de Precios y
Costos Justos, Karlin Granadillo.
Granadillo comentó que entre noviembre y diciembre iniciará este
registro que permitirá recaudar toda la información necesaria para
comenzar el análisis de los procesos de costos de producción de los
bienes y servicios que permitirán establecer el precio real de estos, y
garantizar que no exista especulación.
"Nosotros vamos a solicitar la información contable de las empresas, que
nos lleve a ver la generación de costos para los productos. Además
haremos un proceso de interconexión entre los organismos públicos para
verificar esos costos. La idea es determinar un precio que esté
realmente asociado con el valor", comentó.
Resaltó que este procedimiento estará acompañado de una exhaustiva
investigación que beneficiará tanto a los productores como a los
consumidores, con la fijación del Precio Máximo de Venta al Público que
será analizado por un sistema integrado por todos los ministerios y
entes descentralizados con competencias en la materia, los cuales serán
regidos por la Superintendencia.
Al respecto, dijo que la información que entregarán las empresas al
momento del registro, es la misma data contable y el control que deben
tener para, por ejemplo, realizar trámites como la declaración de impuestos.
La Superintendente manifestó que el registro será continuo y que el
organismo realizará campañas informativas para informar a toda la
población sobre esta materia.
Granadillo instó a la colectividad a leer y asumir lo que reza la Ley, a
tomar conciencia sobre la aplicación de la misma y a combatir duramente
la especulación.
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