Alberto Arteaga Sánchez
Jueves, 15 de septiembre de 2011
Hay una ley de 1991 que sanciona como delito la interceptación de
comunicaciones y otra de 2001 que castiga la delincuencia
informática.Ninguna de estas previsiones legislativas ha tenido
aplicación alguna y ahora, cuentan con la indiferencia de las
autoridades, que no se dan por aludidas
Ciertamente, en Venezuela carecemos de muchas cosas, pero no
precisamente de leyes, que las tenemos en abundancia, a tal punto que ni
siquiera los expertos las conocen, siendo ésta, sin duda, una de las
razones por las cuales las normas jurídicas tienen entre nosotros tan
escaso o ningún valor. Vivimos en estado anómico persistente. Basta
citar, a título de ejemplo, la Ley de Transporte Terrestre (de 2009)
que, entre sus dispositivos -aunque usted no lo crea- dispone que serán
sancionados los motociclistas que "circulen cambiando frecuentemente de
canal o pasando indistintamente al centro, a la izquierda o a la derecha
de la vía"; o la Ley de Régimen Penitenciario (de 2004) que en uno de
sus artículos reza que "la higiene ambiental y la de los locales e
instalaciones, el aseo personal y la urbanidad en los distintos aspectos
de la vida penitenciaria, son parte integrante de los tratamientos, con
la finalidad de crear en los reclusos hábitos de sana convivencia".
De la misma manera -y aunque usted tampoco lo crea- hay una ley de 1991
que sanciona como delito la interceptación de comunicaciones y otra de
2001 que castiga la delincuencia informática.
Ninguna de estas previsiones legislativas ha tenido aplicación alguna y
ahora, ante la indiferencia de las autoridades, que no se dan por
aludidas, un grupo importante de venezolanos han sido "jaqueados" o han
sido objeto de sabotaje en sus aparatos de comunicación informáticos, de
espionaje en los datos o informaciones almacenadas o de creación,
modificación o eliminación de registros o mensajes emitidos por sus
computadoras o teléfonos móviles.
Nada de esto pareciera importar, salvo para los afectados y, en pocos
días, se olvida al agravio, convirtiendo en chiste o guasa el hecho
punible cometido que, en definitiva, termina banalizado.
La inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a la vida privada,
el daño a la propiedad o los ataques informáticos a la integridad moral
de los niños, no parece tener relevancia. Además, ya resolvimos la
cuestión dictando una ley para liquidar el problema.
De la misma manera, hace 146 años, fuimos el primer país en abolir la
pena de muerte y ésta sigue, "de hecho", tan campante.
Sin duda, no será fácil superar el reto del respeto a la ley como base
de la convivencia ciudadana, pero tal vez el desbarajuste a que nos ha
conducido el desprecio por las normas, hecho forma de vida y expresado
en los terribles asertos de "las leyes se acatan, pero no se cumplen" o
"hecha la ley, hecha la trampa", factor importante que alimenta la
impunidad, entendida ésta como una de las enfermedades más graves de una
sociedad, podría conducirnos al convencimiento de que las leyes sí
tienen algún sentido, que la Constitución de la República no es un
librito azul que sirve para todo y que si las sanciones de verdad se
imponen, aunque sean leves, no nos sentiremos satisfechos con la simple
amenaza de penas graves que jamás se hacen efectivas, como ya lo decía
Beccaria hace más de 200 años.
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