Monday, September 5, 2011

A examen en DDHH

La Nación | 05/09/2011

A examen en DDHH

ONG venezolanas entregaron en un informe las 35 deficiencias del país.
El 7 de octubre, por primera vez el Estado se someterá al Examen
Periódico Universal
PATTY FUENTES GIMÓN

Venezuela forma parte de las 193 naciones que se someten este año al
Examen Periódico Universal (EPU) en Ginebra, donde una delegación del
país presentará el próximo 7 de octubre la situación de Derechos Humanos
ante el Consejo de DDHH de la Organización de las Naciones Unidas.

Con este examen, que se realiza cada cuatro años, se asegura la
participación de todos los actores. Por eso, se apoya en los informes
presentados por el Estado examinado, la Oficina del Alto Comisionado de
la ONU y las ONG.

En este sentido, 144 ONG venezolanas manifestaron las 35 preocupaciones
más importantes de Venezuela, entre las que destacan la defensa y
promoción de los DDHH; la libertad de expresión y acceso a la
información; el derecho a la vida, libertad y seguridad ciudadana; las
garantías judiciales y acceso a la justicia; los derechos sociales y
ambientales y el derecho a la no discriminación.

El EPU no es contencioso: se trata de un proceso de negociación donde
los Estados miembros de la ONU llegan a un acuerdo para plantear
recomendaciones al país evaluado, que puede aceptarlas o no.

Marino Alvarado, director de Provea, destaca que el objetivo del EPU es
generar un diálogo entre el Estado y la sociedad para diseñar políticas
públicas que mejoren la situación de los DDHH. El director de Espacio
Público, Carlos Correa, coincide con Alvarado y añade que este examen
"es una oportunidad para que haya un debate centrado en la construcción
de propuestas que permitan superar los problemas".

DEFENSA Y PROMOCIÓN DE DDHH
En el año 2010 se presentaron 21 casos de violaciones contra defensores
y organizaciones de DDHH, lo que representa un aumento de 91% respecto
al año anterior.

Entre 2008 y 2009, seis sentencias de la Corte Interamericana de DDHH no
fueron acatadas por el Estado. La Corte ha dictado 17 medidas cautelares
para situaciones venezolanas, pero el Estado no las acata.

La Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno y la Ley Orgánica del
Poder Popular desconocen a organizaciones que no se hayan conformado
como organizaciones del Poder Popular.

En 2010, 34 organizaciones fueron denunciadas por el delito de traición
a la patria ante órganos judiciales por realizar actividades con fondos
de la cooperación internacional. La Ley de Defensa de la Soberanía
Política y Autodeterminación Nacional establece sanciones a quienes
defiendan los derechos políticos con recursos de cooperación internacional.

En los cuatro años que cubre el EPU, ningún representante de órganos
internacionales de protección de DDHH ha sido autorizado de visitar el país.

Venezuela no ha adoptado ninguna medida para implementar el Estatuto de
Roma.


LIBERTAD DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN
El Código Penal y el Código Orgánico de Justicia Militar profundizan el
vilipendio contra funcionarios, aumentan la discrecionalidad de jueces
para decidir si una conducta encuadra en el tipo penal respectivo y
discriminan al diferenciar al funcionario respecto de la persona,
limitando el escrutinio de la gestión pública.

Más de 2.400 personas están sometidas a procesos penales por haber
participado en protestas públicas.

En 2008, de 157 solicitudes de información presentadas a 50
instituciones públicas, más de 70% fueron negadas y sólo 10% de ellas
generaron respuestas adecuadas.

Altos funcionarios públicos, entre ellos el presidente Chávez, mantienen
un discurso polarizador que contribuye a generar situaciones de
hostilidad e intolerancia en contra de personas o medios de comunicación
que critican al Gobierno.

Entre 2006 y 2010, ocho periodistas fueron asesinados y se registraron
89 oportunidades en las que el discurso político rebasó los límites de
la crítica legítima a medios y periodistas. En 2010 se contabilizaron
211 ataques contra comunicadores sociales.

DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD Y SEGURIDAD CIUDADANA
En los últimos 10 años, han sido asesinadas 124.500 personas. Más de 80%
de los homicidios ocurre en hombres entre 15 y 44 años, de bajo estrato
social. En los barrios suceden 62% de estas muertes y 70% son
perpetradas por hombres entre 22 y 44 años. Casi 100% de los asesinatos
son cometidos con armas de fuego.

En 2009 fueron asesinadas 19.113 personas, lo que ubica la tasa de
homicidios en 75 por cada 100 mil habitantes. Más de 40% de los
familiares de estas víctimas no denunciaron porque creen que la policía
participó en el delito.

Entre 2000 y 2007, el Ministerio Público recibió 6.405 denuncias de
casos de ajusticiamientos que involucraron a 7.243 víctimas. Anualmente,
son ajusticiadas 900 personas.

A finales de 2010, los centros penitenciarios albergaban a 44.852
reclusos, a pesar de tener capacidad para 17.500. De estos, 30.360 sigue
a la espera de sentencia y sólo 14.492 han recibido condena.

Entre 1999 y 2010, murieron 4.506 privados de libertad y 17.510
resultaron heridos. Promedio anual: 409 asesinados y 1.591 heridos.

Ninguna de las instituciones venezolanas de justicia alcanza siquiera
50% de aprobación por parte de los ciudadanos. Las peores evaluadas son
las municipales, estadales y las del sistema penitenciario.

GARANTÍAS JUDICIALES Y ACCESO A LA JUSTICIA
En 2009 ingresaron a la Defensa Pública 139.271 casos y sólo fueron
concluidos 25.965.

La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son
estructurales y afectan especialmente a las mujeres como principales
denunciantes, quienes en su mayoría sufren un grave proceso de
revictimización: 70% es objeto de amenazas y actos de hostigamiento para
inhibir sus acciones de búsqueda de justicia.

De 9.224 casos sobre presuntas violaciones de DDHH en 2009, sólo 315
(3,28%) decisiones fueron producto de acusaciones presentadas ante los
órganos jurisdiccionales.

En 2001 se suspendieron los concursos de oposición para designar jueces
titulares, por lo que los jueces provisorios pasaron a ser de libre
nombramiento y remoción por la Comisión Judicial. En 2010, se eligieron
anticipadamente nueve magistrados titulares para el

Tribunal Supremo de Justicia y 32 suplentes. Las consecuencias han sido
altos índices de impunidad: superior a 90% en delitos comunes y 98% en
violaciones de DDHH.

Entre 2006 y 2010, fueron asesinados 181 sindicalistas y trabajadores
por conflictos laborales. De 46 casos de este tipo que se presentaron
entre 2008 y 2009, la Fiscalía emitió órdenes de captura en nueve
oportunidades y sólo en uno fue presentado un presunto responsable ante
los tribunales.


GARANTÍAS DE DERECHOS SOCIALES Y AMBIENTALES
Cada año aumentan las cifras de niños, niñas y adolescentes víctimas de
violencia. No se conocen los números exactas porque predomina la
desinformación. También se desconoce cuál es el presupuesto público
destinado a la niñez y a la adolescencia.

En 2007 se promulgó la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia, pero existen violaciones que obstaculizan
el acceso a la justicia, no cuenta con reglamento y existe impunidad en
96% de los casos presentados ante el Ministerio Público.

En Venezuela existe un déficit de 2.800.000 viviendas, número que se
agravó con las lluvias de finales de 2010, que mostraron la
vulnerabilidad de cerca de un millón de viviendas construidas en laderas
de montañas, zonas de vaguadas y de alto riesgo.

Desde hace más de cuatro años, no se publica información sobre los
incidentes de la industria petrolera ni del cumplimiento de los
convenios ambientales de carácter vinculante que ha ratificado el Estado.

La red de centros públicos de salud compuesta por 211 hospitales (que
atiende a 60% de la población) presenta deficiencias debido al cierre de
unidades de terapia, quirófanos y salas de consulta en 40% de aquellos
por renuncias masivas de personal.


DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN
Entre 2010 y 2011 fueron asesinadas más de 20 personas por su identidad
de género u orientación sexual. Venezuela es uno de los pocos países de
la región que no ha tomado acciones para asegurar la igualdad ante la
ley de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex.

Desde 2009 se han presentado fallas crónicas en el suministro de
antirretrovirales que afectan a 50% de quienes los reciben. Once mil
personas contraen anualmente el VIH y las muertes por sida pasaron de
4,65 por cada 100 mil habitantes en 2002 a 6,08 en 2007.

A pesar de la obligación constitucional de demarcar las tierras
indígenas, esto no se ha hecho. Entre 2005 y 2009 sólo se entregaron 40
títulos que favorecieron a 78 comunidades con 15.294 personas, lo cual
representa 1,6% de la población indígena.

Se mantienen las prácticas ilegales de minería con graves consecuencias
para la población indígena. Según el Ministerio de Pueblos Indígenas, en
2010 los mineros ilegales llegaron a ser 60 mil y devastaron en nueve
meses 20 mil hectáreas en Amazonas.

La documentación para acreditar la identificación del solicitante de
refugio es inadecuada pues impide el goce de derechos en áreas como
registro de empleo formal, inscripción en el seguro social,
certificaciones por estudios realizados y libre tránsito.

http://talcualdigital.com/Nota/visor.aspx?id=57988

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