Douglas Zabala
Sábado, 24 de septiembre de 2011
Los Magistrados Diego García-Sayán, Manuel Ventura Robles, Margarette
May Macaulay, Rhadys Abreu Blondet, Alberto Pérez Pérez, Eduardo Vio
Grossi y el Secretario Pablo Saavedra Alessandri, que actuaron de
conformidad con los convenios establecidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y al Reglamento de la Corte Interamericana de
los Derechos Humanos (CIDH), al dictar la Sentencia que habilitó a
Leopoldo López, jamás se imaginaron que el mismo que había solicitado
ante el honorable Tribunal su intervención en defensa de Manuel Zelaya,
en los días de cuando la venezolana Luz Patricia Mejía, ejercía la
Presidencia de dicho organismo, ahora venga con el cuento que esta
instancia de jurisdicción y carácter constitucional es un cero a la
izquierda.
Ha señalado la Corte que "Cuando se decida que hubo violación de un
derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que
se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se repare
el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, como lo obrado a su amparo por el Contralor General de la
República del Estado, imponiendo las aludidas sanciones, son contrarios
a la Convención y, por ende, han generado responsabilidad internacional
de éste Estado". Y este es el punto; la CIDH ha sentenciado que se
restrinjan o reglamenten lo menos posible, los derechos y oportunidades
consagrados en su artículo 23.1, entre ellos, el derecho a ser elegido o
derecho de sufragio pasivo.
En este tenor andan las cosas en los predios del alto gobierno. No han
terminado de leer los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, el
Expediente del cual se hizo parte la República hasta su sentencia; y
como de costumbre la "independencia" de los Poderes Públicos no se ha
hecho esperar. La Defensora del Pueblo, la Fiscal, el Procurador
General, el Presidente de la Asamblea Nacional y por supuesto la
mismísima Contraloría General, que ejecutó el acto violatorio, subsanado
por el Tribunal Supranacional, han hecho quórum resaltando el
chauvinismo más ramplón y patriotero que los venezolanos hayamos
conocido, y en consecuencia andan cacareando que esto es obra del
imperio y otras zoquetadas referidas al "desmoronamiento" de la moral
pública del continente.
El Procurador que se jacta de aclararle a cada rato a Chávez que él es
más abogado de la "revolución" que de la República, en su afán de
tirarle línea al TSJ repite como loro pisao por el rabo, que el
inhabilitado ya estaba "habilitado" para votar en cualquier elección,
crear y militar en cualquier partido político y por supuesto participar
en cualquier campaña electoral; pero a lo único que no tiene derecho es
a ejercer cargos público. Este abogadillo de la República con sus
alaridos de costumbre, actúa como que si los Magistrados del Tribunal
Interamericano fuesen tan piratas como él y como que si los venezolanos
somos tan tarados, al no entender que aquí lo que está en discusión es
que el derecho a ser elegido sólo puede ser suspendido cuando se es
sometido o sometida a condena mediante sentencia definitivamente firme,
tal como lo establece el Articulo 227 de nuestra Constitución.
Vamos que siga la jauría, háganle caso incluso a ese "especialista" del
Derecho Constitucional y del Derecho Internacional Público como lo es el
profesor Héctor Navarro, quien asumiendo la vocería del PSUV señaló "La
Corte, en el afán de ponerse al servicio de intereses políticos, emite
este tipo de sentencia en la que demuestra su desconocimiento de la
realidad jurídica del país". Háganle caso señores Magistrados y vuelvan
a inhabilitar al que acaba de ser habilitado y verán como en el 2012 al
que ha sido habilitado durante 12 años para gobernar, será inhabilitado.
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