El fin de los alquileres
El alquiler de viviendas tiene sus días contados. Ley de Regularización
y Control de los Arrendartarios de Viviendas va hoy a plenaria de la
Asamblea Nacional. Apiur dice que la fijación del canon de un 3% anual
es sumamente bajo y perjudicará a propietarios El borrador prevé
sanciones de 1.000 Unidades Tributarias a dueños que desalojen
arbitrariamente
EDUARDO LUGO
El proyecto de la Ley de Regularización y Control de Los Arrendamientos
de Viviendas ya está llegando a la recta final. Se espera que hoy la
Asamblea Nacional en plenaria apruebe definitivamente el borrador que ha
traído polémica en las organizaciones vinculadas al alquiler de unidades
habitacionales en todo el país.
La Cámara Inmobiliaria de Venezuela, la Asociación de Propietarios de
Inmuebles Urbanos (Apiur) y la Red de Propietarios de Viviendas en
Alquiler han rechazado varios puntos de la propuesta gubernamental por
ser considerados una amenaza a la propiedad privada y a los dueños de
inmuebles.
Uno de los artículos que más ha causado revuelo en los entes privados es
el número 56 referente al procedimiento para la cancelación del canon.
"El pago se efectuará en una cuenta de ahorro en una de las
instituciones bancarias pertenecientes al Estado que debe aperturar el
arrendador o arrendadora para tal fin, la cual podrá ser clausurada
durante la relación arrendaticia", dice el artículo.
Para Apiur, no se debe obligar al arrendador a cobrar en cuenta
bancaria, ya que la mayoría de los venezolanos no está bancarizado.
El artículo 62 señala que "la fijación de los cánones de arrendamientos
de los inmuebles estará basada en el 3% de rentabilidad anual sobre el
valor del inmuebles establecido".
En opinión de expertos, un 3% de rentabilidad es sumamente bajo y el
establecimiento del canon será menor a los gastos. "Es una ley
evidentemente comunista que busca disminuir la propiedad de inmuebles
alquilados, perpetuando a los inquilinos en los inmuebles, con el pago
de alquileres insignificantes en proporción al valor de la estructura",
señaló Roberto Orta, en un comunicado.
SIN IMPORTAR NADA
Otros de los puntos negativos es lo relacionado a la ubicación de la
unidad habitacional. El estatuto número 64 que fija el Valor del Costo
Actual (VCA) por parte del ente encargado en materia de Vivienda y
Hábitat, no toma en cuenta la ubicación del inmueble.
Por lo tanto, el artículo desconoce los beneficios y defectos de cada
zona. En pocas palabras, una edificación que esté ubicada en una
barriada popular el Gobierno le pondrá el precio que desee sin tomar en
cuenta la calidad de la estructura.
El tema de las sanciones (art 144) está dirigido únicamente a los
propietarios. Se prevén multas de 50, 100 y 400 Unidades Tributarias
(UT). El artículo 145 expresa que todos los desalojos realizados
"arbitrariamente" por el dueño de una edificación tendrán sanciones de
1.000 UT. De igual manera, el proyecto plantea que se alquile una
vivienda por tres años como mínimo y con un máximo de 10.
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