Patty Fuentes Gimón
Miércoles, 7 de septiembre de 2011
En el caso de que el Estado haga caso omiso a la decisión de la Corte,
esta se convertiría en la sentencia número 13 que no se cumple. "Es la
primera en materia estrictamente política, es muy significativa porque
otros Estados sí la van a acatar
Tarde o temprano el incumplimiento del Gobierno ante la CIDH traerá
consecuencias
El Estado, a través de distintos voceros, ha intentado divulgar que no
está obligado a habilitar a Leopoldo López o que si la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le da la razón al dirigente
político, "no sería transparente", según palabras del representante del
Estado venezolano, Germán Saltrón. Sin embargo, tanto las leyes
nacionales como las internacionales establecen lo contrario.
El artículo 31 de la Constitución garantiza que toda persona tiene
derecho a dirigir quejas ante los órganos internacionales, con el fin de
solicitar el amparo de sus Derechos Humanos y que "el Estado adoptará...
las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a las decisiones
emanadas de los órganos internacionales".
Si la CIDH decide que el mecanismo que utilizó el Estado venezolano para
inhabilitar a López y a otros funcionarios violenta la Convención
Americana de DDHH, inmediatamente queda sin efecto la medida.
"Esta sentencia es sustancialmente declarativa.
No requiere ningún acatamiento ulterior. Es vinculante, pero lo que
seguro va a pasar es que el Gobierno se mantendrá al margen de la ley e
impedirá a López inscribirse en el Consejo Nacional Electoral, pues le
teme a su candidatura", sostiene Juan Carlos Apitz, magistrado
destituido de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que
resultó beneficiado con una decisión de la CIDH que nunca fue acatada
por el Gobierno.
ACATA A CONVENIENCIA La Convención Americana sobre DDHH dispone en su
artículo 23 que no se puede limitar el ejercicio de los derechos
políticos a menos que exista una sentencia penal definitivamente firme.
"Leopoldo López jamás fue juzgado, por lo que estamos convencidos de que
a la Corte no le queda de otra que fallar dentro de los términos de la
propia Convención", asegura el abogado del dirigente de Voluntad
Popular, José Antonio Maes, quien explica además que el Estado
venezolano participó en todas las etapas del proceso.
El Gobierno contó con la presencia de tres peritos: el ex magistrado
Jesús Eduardo Cabrera, el magistrado de la Corte 2º de lo Contencioso
Administrativo, Alejandro Soto Villasmil, y un funcionario de la
Procuraduría General de la República, Cristian Colson. "¿Cómo no acatar
una decisión en un proceso del cual ha sido parte? ¿Qué pasaría si la
decisión es favorable al Gobierno?", se pregunta Maes.
NADA ES ETERNO En el caso de que el Estado haga caso omiso a la decisión
de la Corte, esta se convertiría en la sentencia número 13 que no se
cumple. "Es la primera en materia estrictamente política, es muy
significativa porque otros Estados sí la van a acatar. Por vía de
consecuencia, lo que diga la Corte va a tener un efecto en el
continente, como en Colombia y El Salvador, donde han inhabilitado
también", señala Apitz.
El ex magistrado añade que "en algún momento el incumplimiento del
Estado va a ser discutido en el seno de la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos y va a generar una sanción. Es
cuestión de tiempo, porque ese delito está tipificado en el artículo 156
del Código Penal que establece pena de 1 a 4 años a los funcionarios que
desacaten una decisión de la CIDH".
No comments:
Post a Comment