07 de septiembre de 2011 • 16:50
La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un plazo al gobierno de
Venezuela hasta el 15 de noviembre para informar sobre el cumplimiento
de una sentencia en el caso de una masacre en el penal las Flores de
Catia, ocurrido en 1992, informó este miércoles el organismo.
La Corte resolvió el pasado 30 de agosto "solicitar al Estado de
Venezuela que presente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a
más tardar el 15 de noviembre de 2011, un informe en el cual indique
todas las medidas adoptadas para cumplir con las reparaciones ordenadas
por esta Corte que se encuentran pendientes de cumplimiento".
El 5 de julio de 2006, la Corte declaró culpable al Estado venezolano
por violar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como
las garantías de protección judicial de 63 internos del penal Las Flores
de Catia, donde en 1992 murieron 63 internos por presuntas ejecuciones
extrajudiciales.
Entre las reparaciones ordenadas están las de identificar, juzgar y
sancionar "a todos los responsables de las violaciones cometidas en
perjucio de las víctimas".
También ordenó la Corte la localización y entrega a sus familiares de
los cuerpos de José Ayala Guadrón y Edgar Peña Marín, que se encuentran
desaparecidos.
Otra de las medidas consiste en adoptar, en un plazo razonable "las
medidas necesarias para que las condiciones de las cárceles se adecuen a
los estándares internacionales".
En la sentencia inicial, la Corte ordena pagar los daños morales y
materiales causados a las víctimas y sus familiares, así como las costas
del juicio.
Con ocasión del juicio, el Estado venezolano reconoció su
responsabilidad en el caso, conocido como Retén de Catia, y se
comprometió a cumplir con la totalidad de la sentencia.
Sin embargo, "cinco años después, estos sucesos permanecen en absoluta
impunidad, pues el Estado venezolano está en mora con respecto al
cumplimiento de todos los puntos resolutivos del tribunal interamericano
en el caso", señaló la organización humanitaria de Venezuela COFAVIC.
"Esta sentencia configura el único caso sobre la situación carcelaria en
Venezuela que ha dictaminado la Corte Interamericana y el Estado, al
incumplirla, ha perdido una extraordinaria oportunidad de mejorar las
condiciones carcelarias... y acabar con las gravísimas violaciones de
los derechos humanos" en esos centros de reclusión, indica el organismo.
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