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Sábado, 24 de septiembre de 2011
Instaron al Gobierno a acatar la decisión de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos sobre su habilitación política
Representantes de los movimientos Trabajadores Progresistas con Voluntad
y Gremios con Voluntad expresaron su solidaridad con el precandidato
presidencial, Leopoldo López, al tiempo que instaron al Gobierno a
acatar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre
su habilitación política.
"Esta sentencia de la Corte-IDH es de obligatorio cumplimiento tiene que
se acatada por todos los órganos del Poder Público, y nosotros como
dirigentes sindicales y gremiales de toda Venezuela le damos el respaldo
total, no sólo a López, sino a los más de 800 inhabilitados de manera
injusta e ilegal", manifestó Ronald Golding, vocero del grupo.
Entre los argumentos expresados por los representantes sindicales y
gremiales, especialmente del sector educativo, sostienen la flagrante
violación al debido proceso de la que fue víctima el ex alcalde de
Chacao, por parte de la Contraloría General de la República.
"No hubo sentencia condenatoria y por lo tanto no puede haber
inhabilitación. El contralor usurpó funciones que no le competen por
cuanto quien debía juzgar el comportamiento de López era un tribunal
penal", recalcó.
"Exigimos que se cumpla esta decisión por todos los órganos del Estado y
el CNE no tiene que pedir permiso del Tribunal Supremo de Justicia",
puntualizó, finalmente, Golding.
Por su parte, Rafael Veloz, responsable político de Voluntad Popular
para los gremios y sindicatos y ex presidente del Colegio de Abogados de
Caracas, desestimó los argumentos dados por los altos funcionarios de
los poderes públicos que se niegan a acatar el fallo de la CIDH hasta
que no se pronuncie el TSJ.
De acuerdo con Veloz, la misma Constitución le otorga un carácter
supraconstitucional a las decisiones en materia de DDHH que son dictadas
por organismos internacionales cuya adhesión ha sido firmada por Venezuela.
"Las decisiones que toma la Corte-IDH tienen que ser aplicadas de manera
preferencial, directa e inmediata. Diariamente, cuando un tribunal
ordinario del país en la aplicación de justicia observa que una
disposición legal interna colinda con una norma establecida en un
tratado internacional, automáticamente está obligado a desaplicar la
norma interna y aplicar la internacional, porque así lo establece la
Constitución", expresó el abogado.
Estuvieron presentes en el este pronunciamientos dirigentes de Fenatev
nacionales y regionales, quienes expresaron su simpatía por el caso de
López en virtud de que también se sienten "inhabilitados" en la práctica
por la política de discriminación aplicada por el gobierno y los órganos
del Estado.
"Los profesionales de carrera que quieren ingresar a un cargo público
deben hacerlo por concursos de oposición que toman en cuenta méritos y
credenciales, tal como lo establece la Constitución en su artículo 146.
Sin embargo, en el país no se cumple esta norma y se otorgan los cargos
por clientelismo político y dactilarmente", destacó Ronald Golding.
Fuente: elimpulso.com
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