El paradigma revolucionario del Socialismo del Siglo XXI no es más que
una farsa
RAFAEL GONZÁLEZ | EL UNIVERSAL
lunes 12 de septiembre de 2011 12:00 AM
El Proyecto de Ley de Arrendamiento que se encuentra actualmente en
discusión en la Asamblea Nacional y la Ley de Costos y Precios Justos,
que espera por su reglamentación así como por el desarrollo de los
lineamientos correspondientes, son instrumentos inspirados por los
mismos prejuicios, y derivaron en sendas redacciones que violan
principios, libertades y derechos económicos consagrados en la Constitución.
Por un lado, el Proyecto de Ley de Arrendamiento parte de supuestos y
premisas erradas que hacen de su redacción, un texto abiertamente
inconstitucional. Primero, debe destacarse que a lo largo del Proyecto
no queda claro cuál es el interés público que pretende resguardarse y/o
cuál es la materia o la preocupación pública que se estaría tutelando.
Segundo, el Proyecto parte de la posición de que el derecho a la
vivienda y el derecho de propiedad son excluyentes, sustitutos, y se
encuentran en franca contradicción. Lo anterior es trivialmente falso,
ocurriendo, por el contrario, que difícilmente podrá resguardarse el
derecho a la vivienda si no existen derechos de propiedad, ni su debido
respeto. El desconocimiento de la materia económica, aunado a prejuicios
dogmáticos propios de sociedades absolutistas, poco democráticas y
subdesarrolladas, ha hecho que el oficialismo perciba a las relaciones
comerciales libres y de mercado como un juego suma cero, donde
indefectiblemente quien oferta gana a costa de la pérdida de quien demanda.
Lo anterior es mentira. Se perfeccionará una transacción o un contrato,
cuando para el oferente el precio de la transacción supera su precio de
reserva (formado, entre otros elementos, por los costos de los factores,
los costos económicos y de oportunidad, etc.) y cuando el primero sea
inferior a la disponibilidad de pago y utilidad reportada para el
demandante o consumidor. En cualquier transacción comercial o de mercado
se generan rentas, excedentes y utilidades tanto para el oferente como
para el demandante. El paradigma revolucionario del Socialismo del Siglo
XXI no es más que una farsa que intenta justificar un régimen fascista
en lo político y especialmente en lo económico. Sustituir la formación
de precios de mercado y el perfeccionamiento voluntario de contratos de
arrendamiento por medio de un canon regulado, congelamiento de cánones
por tres años, así como la destrucción de las propiedades y cualidades
de los derechos de propiedad, como la disposición del bien, no solo
confisca derechos económicos de oferentes y la soberanía del consumidor,
sino que condena a la sociedad en su conjunto a reducir la oferta
primaria, secundaria y de arrendamiento de inmuebles para la vivienda.
Por su parte, la Ley de Costos y Precios Justos constituye un claro
ejemplo de control gubernamental, así como un tremendo problema entre un
gobierno que aprueba políticas públicas y regulatorias que lesionan a la
sociedad en su conjunto -y que persiguen el simple interés de poseer
cada vez mayor dominio sobre los particulares, entiéndase oferentes y
consumidores- y la sociedad.
La exposición de motivos de la ley, donde se realizan señalamientos de
supuestos ilícitos económicos sin que exista un procedimiento
administrativo, derecho a la defensa, decisión firme, ni acusado alguno,
constituye una sentencia previa que convierte en culpables a todos los
agentes económicos. La regulación económica, por medio de controles de
precios, encuentra asidero única y exclusivamente cuando existen
monopolios naturales (lo cual nunca ha sido probado con sector alguno).
Para ello se requiere la aprobación legal previa. La visión regulatoria
basada en costos a la cual responde la redacción de la ley, lesiona un
bien social fundamental para garantizar el progreso y el bienestar como
lo es la eficiencia dinámica, lo que significa la posibilidad de ampliar
la oferta, incluir mayor demanda satisfecha, y generar eficiencias
productivas por medio del aplanamiento de las estructuras de costos.
Creer que el eventual acceso a los bienes y servicios puede solucionarse
por medio de un decreto y no a través del fomento de la actividad
económica que garantice una mayor oferta, constituye un despropósito.
Pretender hacer ver que tras una inflación acumulada a lo largo de la
actual gestión de gobierno, que supera 1.100%, Venezuela cuenta, a
partir del decreto ley, con una política de estabilización de precios,
resulta la más clara declaratoria de incapacidad y fracaso económico.
@cedice
http://www.eluniversal.com/2011/09/12/arrendamiento-costos-y-precios.shtml
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