27-Sep 06:04 am|Alejandro Hinds
La asociación afirmó que las observaciones de los dueños de inmuebles no
fueron tomadas en cuenta
La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos solicitó que la
congelación de alquileres, el oficio del Tribunal Supremo de Justicia
que prohíbe las desocupaciones y el decreto-ley contra los desalojos
arbitrarios sean revocados cuando se apruebe el proyecto de ley para la
regularización y control de los arrendamientos de viviendas.
La organización reiteró su rechazo al marco legal, cuya segunda
discusión en la plenaria de la Asamblea Nacional empezó la semana pasada
y continua hoy. "Es completamente diferente al aprobado en primera
discusión por el Parlamento y no toma en cuenta la mayoría de las
observaciones del sector de arrendadores", dijo Raimundo Orta Poleo,
coordinador nacional de Apiur.
Consideró, sin embargo, que sería un exabrupto que después de la
aprobación de la legislación no se revoquen las normas anteriores. "¿Qué
sentido tiene que la Asamblea Nacional apruebe, por ejemplo, un método
para fijar los cánones de arrendamiento con el cual tampoco estamos de
acuerdo si la congelación seguirá vigente?", preguntó.
También carece de sentido, según Orta Poleo, que el proyecto de ley no
reglamente todo lo relacionado con los desalojos de inmuebles
arrendados, sino que remita al decreto inconsulto publicado por el
presidente Hugo Chávez.
"Previo a las demandas judiciales por desalojo y demás acciones
derivadas de relaciones arrendaticias, el procedimiento administrativo
que será aplicado es el establecido en el Decreto con Rango, Valor y
Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de
Viviendas", dice el artículo 88.
Sentencia de muerte. Orta Poleo ratificó que la aprobación del proyecto
de ley en los términos propuestos por la Comisión de Administración y
Servicios Públicos acabará con el mercado de alquileres en Venezuela,
bastante reducido por la congelación de los cánones y otras medidas
aplicadas en los últimos años.
Criticó que la fórmula propuesta para determinar el valor de los
inmuebles no incluya factores como el precio de adquisición (sólo toma
en cuenta cuánto costaría construirlo actualmente), la ubicación
geográfica y los servicios disponibles.
También rechazó que se amplíe la regulación a todos los inmuebles.
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