eluniversal.com
Lunes, 12 de septiembre de 2011
El pronunciamiento no solo es esperado por el coordinador de Voluntad
Popular, sino también por los más de 400 venezolanos que hoy no pueden
laborar dentro de la administración pública
Las inhabilitaciones que la Contraloría General de la República puede
imponerle a cualquier ciudadano vuelven a estar en la palestra. Esta
semana se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
publique el fallo donde responderá la petición que le hiciera el
exalcalde de Chacao, Leopoldo López, para que le deje sin efecto esa
sanción, la cual le impide postularse para ningún cargo público hasta
2014; y para que le ordene al Estado modificar la legislación, para que
solamente un juez pueda impedirle a alguien ser elegido.
El pronunciamiento no solo es esperado por el coordinador de Voluntad
Popular, sino también por los más de 400 venezolanos que hoy no pueden
laborar dentro de la administración pública, pues el organismo encargado
de velar por el buen manejo de los fondos públicos los considera una
amenaza para el tesoro nacional.
De acuerdo con la información que figura en la página web de la
Contraloría, en la actualidad 405 ciudadanos están inhabilitados y entre
ellos destacan los exgobernadores de los estados Guárico, Miranda, y
Amazonas, Eduardo Manuitt, Arnaldo Arocha y Bernabé Gutiérrez;
respectivamente.
A los primeros el fallecido Clodosbaldo Russián les impuso la sanción
máxima: 15 años, por lo que solo después del 2020 podrían ocupar algún
cargo de elección o designación.
La misma medida le fue aplicada también al expresidente del Fondo de
Garantías y Depósitos Bancarios (Fogade), Jesús Caldera Infante; al
exviceministro de Finanzas, Jesús Bermúdez; y el exjefe del Comando
Unificado de la Fuerza Armada y del plan Bolívar 2000, general Manuel
Rosendo.
En la web de la Contraloría figura que 812 inhabilitados a lo largo de
los últimos años ya cumplieron su sanción y por lo tanto pueden ser
electos o nombrados en algún cargo.
El difunto contralor y otras autoridades han defendido el uso de esta
medida, alegando que la misma sirve para combatir la corrupción y han
sostenido que ella distinta a la inhabilitación establecida en la
Constitución, en sus artículos 64 y 65; y que solo puede ser impuesta
por un juez, por cuanto no limita todos los derechos políticos de un
ciudadano.
Llama la atención que entre los sancionados no figuren los implicados en
el caso Pdval, el cual fue revelado por la propia Contraloría.
Fuente: eluniversal.com
No comments:
Post a Comment